La empresa pública de servicios e ingeniería medioambiental Tragsa empieza a tener un lastre con el retraso en el pago de la Administración central y de las comunidades autónomas. La suma pendiente de facturar asciende a 550 millones en un entorno en el que las ventas del grupo han caído un 19% en 2010, hasta los 1.263 millones. El plazo de cobro asciende ya a una media de 118 días.
La actividad de Tragsa se resiente ante la menor incidencia del Plan de Choque de Modernización de Regadíos y del Plan E a lo largo de 2010. La firma pública de servicios e ingeniería, controlada en un 51% por la SEPI, ha declarado unas ventas de 1.263 millones, lo que implica un retroceso del 18,8%.
En términos de beneficio neto, el año se zanjó con 32 millones, frente al récord de 59 millones alcanzado en 2009. Solución: buscar negocio fuera. La presidenta, María Luisa Graña, recuerda que Tragsa está inmersa en la licitación de 54 concursos internacionales. Con una cartera de proyectos de 947 millones, la compañía pretende consolidar sus ventas entre los 1.000 y los 1.100 millones, buscando una rentabilidad del 2,5% al 3,5%.
Al margen de la merma en la contratación, se reconoce un empeoramiento en los plazos de pago de la Administración. Según Tragsa, se ha pasado de un plazo medio de 90 días a 118 días. El lastre que arrastra de las comunidades autónomas es de 400 millones, por los 150 millones que le deben distintos ministerios.
Entre las más endeudadas figura la Comunidad Valenciana, con la que se ha negociado un calendario de pagos que comenzó a ejecutarse ayer.
A pesar de que los impagos de los ayuntamientos son insignificantes, destaca el caso de la localidad madrileña de Alcorcón. Esta ha propuesto la cancelación de seis millones de deuda a cambio de suelo, según confirma la compañía.
La llegada de María Luisa Graña a la presidencia, en abril de 2009, coincidió con una guerra abierta del sector privado de la ingeniería con Tragsa por su posición predominante en la ingeniería rural y medioambiental.
La empresa debe sus ventas a encomiendas de gestión de la Administración. Un hecho que levanta ampollas en un sector que demanda obra pública. En torno a las reiteradas acusaciones de competencia desleal, que también recibe la pública Ineco, la presidenta Graña recuerda que Tragsa subcontrata un 22,7% de su trabajo, cuota que es del 9,7% en el caso de la filial Tragsatec. "Creo que la situación de conflicto se ha reconducido a través de convenios y con nuestra oferta a las ingenierías de acompañarlas en su salto al exterior", zanja la ejecutiva.
Tragsa no se plantea la apertura al capital privado y se fija como objetivo mantener la plantilla (18.997 trabajadores, de los que el 43% tienen contrato fijo).
Menos efectivos para la campaña contra el fuego
La presidenta de Tragsa lanzó ayer una advertencia sobre cómo puede afectar la crisis a la campaña contra incendios que se pone en marcha en España el próximo mes de junio. Las comunidades autónomas, según afirma María Luisa Graña, van a contratar menos personal eventual para atender esta labor estacional por culpa de las restricciones presupuestarias.
"La mayor parte de las comunidades autónomas tienen un servicio permanente de prevención y extinción, pero este año se han reducido los complementos de personal eventual para el verano", adelantó. En cuanto a los efectivos de la Administración central, Graña asegura que los operativos BRIF (Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente) no han sufrido recorte alguno.
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