Y desde que se tiene registro (año 1961)1, después del año 2007, en que se produjeron 7 800 siniestros en una cifra inusualmente baja en nuestro país, habría que remontarse al año 1981 para encontrar un año en el que el número de incendios fuera menor.
Así, y en contra del temor de que 2010 fuera un año particularmente complicado debido a la abundante biomasa que este año se encuentra en nuestros montes tras un invierno y una primavera especialmente húmedos, el resultado, una vez terminada la época de mayor riesgo de incendio es, afortunadamente, mejor de lo esperado. Hasta el 26 de septiembre se han producido 10240 incendios forestales, 6321 menos (38%) que la media del decenio, y 3851 menos (27,32%) que el año pasado. Se han quemado 44 376 hectáreas, un 63% menos que la media del decenio, y un 61% menos que el año pasado.
La mayor parte de los incendios (60%) se han producido en el noroeste peninsular. Una cuarta parte (25,72%) en las comunidades interiores, y un 14,14% en la zona del mediterráneo. Tan sólo un 1,02% se ha registrado en Canarias. En cuanto a la superficie forestal afectada, más de un 66% ha ardido en el noroeste peninsular, seguido de la región Mediterránea.
Pese a estos resultados, no se puede bajar la guardia.
El fuego se ha cobrado este año la vida de diez personas en nuestro país. Cuatro de ellas eran trabajadores de extinción: dos brigadistas en Galicia y dos tripulantes de una avioneta en Castellón. El resto, en su mayor parte, eran ancianos que intentaban sofocar las llamas o que se vieron atrapados por ellas.
La primera víctima ajena a los servicios de extinción se produjo el 26 de junio en Formentera (Illes Balears), un hombre que moría por inhalación de hu mo en un incendio forestal. El 14 de julio, un incendio en Soroisa de Monserrat (Valencia) acabó con la vida de un hombre de 65 años. El 30 del mismo mes, una mujer de 73 años falleció en la localidad vizcaína de Lemona. El 4 de agosto falleció una mujer de 70 años atrapada por las llamas en un incendio forestal en Outes (A Coruña), y cinco días después, un hombre de 74 años moría en Lorca (Murcia) tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo en otro incendio. La última víctima ajena a los servicios de extinción se produjo el 29 de agosto, cuando un anciano de 83 años murió en Agallas (Salamanca) en un incendio posiblemente provocado.
En cuanto al personal de extinción, también este año hay que lamentar víctimas mortales. El 15 de mayo de 2010 se estrelló una avioneta Air Tractor de la empresa Avialsa de Bomberos de la Generalitat de Cataluña con base en Barcelona, que participaba en la extinción de un incendio en el Parque Natural de Tinença de Benifassà, en Castellón. Sus dos tripulantes, el piloto y el operador, perdieron la vida en el siniestro. El 12 de agosto dos brigadistas de la empresa pública SEAGA en Galicia fallecieron durante la extinción de un incendio en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes, en un incendio provocado.
Manifestaciones del personal del operativo de incendios en Galicia
Precisamente, en relación con este último siniestro, todos los sindicatos de los servicios de extinción en Galicia están protagonizando movilizaciones. Junto con CCOO, todas las centrales sindicales alertan de la detección de importantes problemas en materia de seguridad y salud laboral, por lo que han decidido convocar de forma urgente a los comités de seguridad y salud del servicios de prevención y defensa contra los incendios forestales. Califican de "nefasta" la campaña de incendios de este año. De forma unitaria, reclaman que se refuerce el carácter público del servicio contra incendios en esta comunidad autónoma, que ha pasado a depender en la actualidad de la empresa pública SEAGA, y que además en la última campaña ha sido coordinado por otra empresa, Natutecnia. CCOO, junto con otras organizaciones ha denunciado, además, el oscurantismo en la contratación de personal y precariedad laboral.
Necesidad de una revisión urgente de la actual situación de los bosques y de los servicios de lucha contra los incendios forestales
Los resultados de incendios de este año no se explican desde cambio de política alguno. Ni las comunidades autónomas, las administraciones que ostentan la competencia, ni el Gobierno central, han cambiado de estrategia para luchar contra el fuego. Por la información recabada por ISTAS, este año incluso se ha registrado un ligero descenso en las inversiones para la lucha contra los incendios forestales, mientras que el número de contrataciones no parece variar de forma significativa.
La inversión en mejorar la formación y profesionalización de las trabajadoras y los trabajadores que luchan contra los incendios forestales ha de seguir incrementándose, particularmente en lo referente a la prevención de riesgos laborales.
El incremento de la presencia de empresas públicas como responsables de los servicios de prevención y extinción de incendios (en más de diez comunidades autónomas) no debe suponer ni una merma en la calidad de los servicios, ni un peligro para sus trabajadores. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en estos casos, no pueden eximir su responsabilidad ni inhibirse de su papel de "empresario principal" en un servicio público como es la prevención y extinción de incendios forestales.
Por otro lado, hay que seguir recordando que nuestros montes siguen sin gestionarse adecuadamente, y que esto constituye el principal problema que origina los incendios forestales en un país en que, como en el nuestro, cada vez hay menos población en el ámbito rural, y más biomasa, siendo España uno de los pocos países del mundo en que crece la superficie forestal.
Así, en materia de ordenación, si tres comunidades autónomas destacan por superficie forestal ordenada (Murcia, con aproximadamente la mitad, Navarra con más de un 40%, y Cataluña con un 35% aproximadamente), otras nueve lo hacen por no tener ninguna figura de ordenación, ni el 10% de su superficie forestal7. Se trata de Extremadura, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia. Considerando el global nacional, la superficie forestal ordenada supone un 12%.
En cuanto a la certificación forestal, instrumento de garantía de una gestión sostenible, tan sólo se han certificado 1 272 052 hectáreas, un 6,8% frente al total de superficie forestal arbolada, en su mayoría bajo el sistema PEFC (90%) y una pequeña parte bajo el de FSC (10%).
Hacia una nueva relación con los bosques
El medio forestal ofrece muchas oportunidades, a partir del uso sostenible de sus recursos, como son la madera, la resina, el corcho, los productos silvestres o la energía de la biomasa. A su vez, ofrece servicios como el mantenimiento de la biodiversidad, la regulación de los cauces, la absorción de CO2 y la producción de oxígeno. O los paisajes, que forman parte del activo del turismo rural en nuestro país. Es imprescindible que las comunidades autónomas, con la colaboración del Gobierno central, y apoyando las estrategias europeas de desarrollo rural sostenible, inviertan para poner en valor los montes. Para ello, es imprescindible invertir en su gestión, apoyando a los pequeños propietarios forestales, agricultores y ganaderos, a las pequeñas, medianas y grandes empresas que realicen aprovechamientos forestales sostenibles u otras actuaciones que crean empleo en las zonas rurales.
La vigilancia y cuidado de los montes ha de realizarse a través de un empleo estable y de calidad, frente a la precariedad que en muchas ocasiones caracteriza a las contrataciones de los trabajos de prevención y extinción de incendios.
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